Argumentario para piratería y copia privada.

ACAM publica un interesante artículo, una especie de argumentario de la SGAE, en el que se defiende el canon por copia privada, una mayor persecución de las redes de piratería y la regulación de Internet a través de una legislación más dura.
La piratería, a través de la venta ambulante y a través de Internet, está causando graves daños no sólo a los autores de as obras, sino también a la misma industria de la cultura en su conjunto. Para la concienciación y la lucha contra este delito, el Gabinete de Gobierno Corporativo y Relaciones Institucionales de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha elaborado un informe que defiende el canon por copia privada, una mayor persecución de las redes de piratería y la regulación de Internet a través de una legislación más dura.
1. REMUNERACIÓN POR COPIA PRIVADA
1º Naturaleza, justificación y base legal de la copia privada:
La vigente Ley de Propiedad Intelectual establece la remuneración por copia privada para compensar a los titulares de las obras contenidas en soportes sonoros, visuales o audiovisuales por la introducción de una limitación al derecho de autor. Este límite al derecho exclusivo del autor permite al consumidor la realización de copias de las obras legítimamente adquiridas, siempre y cuando se realicen en el ámbito doméstico y para el propio uso del copista. Como es lógico, la existencia de esta limitación al derecho de propiedad intelectual conlleva una disminución en los ingresos que se obtendrían por la explotación de la obra. Esta es precisamente la que trata de compensar el legislador con el establecimiento de la retribución indicada.
En razón a su objetivo, dicha remuneración recae sobre todos los equipos, aparatos y materiales idóneos para la grabación de fonogramas, videogramas y otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales. Esta medida se empezó a ejercer en España en el año 1992 y, desde entonces, se viene aplicando sobre todos los equipos y soportes que pueden grabar música y obras audiovisuales (radiocasetes, grabadores de vídeo, cadenas musicales, cintas casetes y videocasetes). Los deudores de la citada remuneración, según el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, son los fabricantes e importadores de estos equipos, aparatos y materiales, pero los distribuidores, mayoristas y minoristas sucesivos adquirentes de los mismos son responsables solidarios de su pago en los casos en que sus proveedores no lo hayan repercutido y hecho constar en factura su importe. Por su parte, los acreedores de la retribución son los autores, artistas y productores, repartiéndose por tanto la recaudación obtenida entre todas las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual autorizadas por el Ministerio de Cultura. Según la misma Ley (art. 25.7), sólo se puede percibir la remuneración a través de una entidad de gestión.
2º ¿Tiene futuro la remuneración copia privada?:
Nada hace presagiar que la llamada remuneración compensatoria por copia privada esté llamada a su fin. Más bien al contrario. El canon por copia privada, establecido (hay que insistir en esta circunstancia) por la legislación de la práctica totalidad de países de nuestro entorno, parece tener un próspero futuro en el mundo digital. Sirvan dos recientes ejemplos para ilustrar esta afirmación:
El mes pasado en Alemania, en aplicación de la legislación vigente, dos tribunales han obligado a una compañía multinacional fabricante de ordenadores a pagar 12 euros por cada unidad vendida. Se justifica la medida como compensación a los titulares de derechos de propiedad intelectual, al ser este tipo de equipos o dispositivos idóneos para almacenar o copiar música, cine u otras obras protegidas.

En nuestro país, el anteproyecto de Ley de Transposición de la Directiva de Derechos de Autor en la Sociedad de la Información tampoco deja lugar a duda sobre la intención del legislador de mantener y reforzar la figura de la copia privada. Así, ha establecido la obligación de levantar, si existieran, las medidas tecnológicas de protección para permitir la realización de una copia privada bajo determinados requisitos y condiciones. Parece claro que el legislador español ha querido, como han hecho ya otros países de nuestro entorno, consolidar de una vez por todas esta figura.
3º Parte de los ingresos por copia privada se destinan a labores de formación y promoción cultural:
Es muy importante subrayar que, según establece el Real Decreto 1434/1992, las entidades de gestión deben destinar el 20% de su recaudación en concepto de remuneración compensatoria por copia privada a la promoción de actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios, y a atender actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes o ejecutantes. Esta labor la cumple la SGAE a través de su Fundación Autor, institución creada en 1997 con el fin de apoyar a los creadores desde una óptica integral, interviniendo a través de múltiples proyectos en el ámbito artístico, profesional, institucional y académico.
Como puede observarse, a diferencia de lo que algunos nos quieren hacer pensar, el criticado “canon de copia privada” no sólo tiene una sólida justificación ética y un claro amparo legal, sino que, además, cumple una función asistencial y promocional en beneficio de los autores y, por extensión, de nuestra cultura.
4º El canon por copia privada, así como los precios de los CD-R de 700 Mb (80 minutos), es más bajo en España que en Francia e Italia:
Precios –torres de 25 CD-R de 700 Mb (80 min.)- en la FNAC de:
• FRANCIA: 22,90€
• ITALIA: 21,79€
• ESPAÑA: 16,65€

Precios –unidad de CD-R de 700 Mb (80 min.)- en la FNAC de:
• FRANCIA:
– Precio: 0,92
– Remuneración: 0,36
– % Precio/Remun.: 39,13%
• ITALIA:
– Precio: 0,87

- Remuneración: 0,25
– % Precio/Re,un.: 28,74%
• ESPAÑA:
– Precio: 0,67
– Remuneración: 0,21
– % Precio/Remun.: 31,34%

5º Los Tribunales de Justicia, y más recientemente el Tribunal de Defensa de la Competencia, han dado siempre la razón a la SGAE en el asunto de la remuneración por copia privada:
Recientemente, la Dirección General de Defensa de la Competencia ha archivado las denuncias que la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios Españoles de Linux (Hispalinux) y el abogado Javier de la Cueva habían presentado sucesivamente, entre septiembre de 2003 y febrero de 2004, contra la aplicación de una remuneración compensatoria en los formatos de grabación digital (CD y DVD vírgenes). Este organismo, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, confirma que el canon “es una conducta amparada por la ley” y que el mismo “desarrollo acelerado” de estos soportes digitales “se vio favorecido por el hecho de que sus comercializadores se negaban a pagar a las entidades de gestión la remuneración por copia privada”.
Los denunciantes –el presidente de la AI, Víctor Domingo; el presidente de Hispalinux, Juan Tomás García, y De la Cueva a título particular- coincidieron en repudiar el canon de los discos vírgenes por entender que se trataba de “fijación de precio” y “abuso de posición dominante”, conductas ambas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia. AI, Hispalinux y De la Cueva convinieron también en centrar sus denuncias en la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), pese a que el acuerdo para la implantación del canon digital también había sido suscrito por otras cinco entidades de gestión: AIE (intérpretes musicales), AISGE (intérpretes audiovisuales), AGEDI (productores discográficos), EGEDA (productores audiovisuales) y DAMA (un colectivo de autores audiovisuales).
Sin embargo, la respuesta del subdirector general sobre Conductas Restrictivas de la Competencia, José Manuel Rodríguez de Castro, desmonta uno por uno los argumentos de los denunciantes. En una resolución fechada el pasado 21 de octubre, Rodríguez de Castro apunta que cometer simultáneamente las dos supuestas infracciones que se imputan “va contra toda lógica”, y agrega: “Puesto que el acuerdo [entre la SGAE y ASIMELEC] es entre partes con intereses enfrentados y en cuya negociación se ha invertido más de un año, cabe descartar sin mayor análisis la posibilidad de un abuso de posición dominante”.
En cuanto a la fijación de precios, el subdirector general recalca que la remuneración “no es el resultado de un proceso de discusión entre los deudores y las entidades de gestión”, sino que se aplica “directamente por ley, la Ley de Propiedad Intelectual”. En este sentido, Rodríguez de Castro recuerda: “La copia sustituye a la compra de la obra copiada y causa un perjuicio a los que obtendrían un beneficio por su venta (autores, editores, productores, artistas). Para solucionar el conflicto, la Ley adopta una doble decisión: permitir las copias para uso privado y establecer el derecho de cada perjudicado a una remuneración”.
La resolución recuerda que la misma eclosión de los CD y DVD digitales “se ha visto favorecida por el hecho de que sus comercializadores se negaban a pagar a las entidades de gestión la remuneración por copia privada. Es decir, el ritmo natural de sustitución de una tecnología por otra en un mismo producto [del casete analógico al CD virgen] se ha visto falsamente acelerado por una aplicación discriminada del canon”.
Por último, el escrito de Defensa de la Competencia recuerda al presidente de la Asociación de Internautas que la remuneración por copia privada “no tiene por finalidad compensar a los autores por las pérdidas derivadas de la llamada piratería discográfica”, un aspecto “que ya se ha señalado reiteradamente”.
2. PIRATERÍA FÍSICA
1º La piratería genera graves daños económicos y sociales:
Los daños que está causando la piratería en los últimos años son devastadores. Sólo en el último año y medio, la musical ha destruido más de 1.200 empleos directos en España y ha provocado una caída en las ventas que ronda ya el 37 % respecto a los niveles de 2001. En nuestro país, en 2004 se vendieron unos 50 millones de discos legales y 12 millones de unidades en el “top manta”. Un total de 85 pequeñas y medianas empresas relacionadas con la producción y distribución musical han tenido que cesar en su actividad. Según el último informe del Centro de Investigación del Mercado del Entretenimiento y la Cultura (CIMEC), fechado en julio de 2003, un 72,3% de las tiendas de discos españolas han reducido su facturación entre un 10% y un 40% a lo largo del último año.
Todos estos datos han situado a España entre los países con mayor índice de piratería de la Unión Europea. Se estima que durante 2003, el 20% de los discos que se vendieron en nuestro país fueron ilegales. En 2002, incluso, se llegaron a alcanzar índices de piratería musical que rondaban el 30%. Este hecho nos colocaba más cerca de países en los que este es un problema de muy difícil solución, como China, México, Perú o Rusia, entre otros, en los que la piratería representa más del 65% del mercado. Las razones para que se haya llegado a esta situación son de muy diverso signo: tecnológicas, institucionales y sociológicas.
Indudablemente, el desarrollo tecnológico ha permitido un acceso más económico y sencillo a los dispositivos de copia de obras intelectuales. Además, la calidad de estas réplicas “caseras”, pese a no realizarse con los mínimos controles ni con las mejores condiciones técnicas, es, muchas veces, similar a las de las copias industriales. Al menos, por lo que respecta a los productos musicales, no tanto, en cambio, en la calidad de los DVD’s copiados fraudulentamente, y que resultan algunas veces imposibles de visualizar por quien los ha adquirido a los llamados “manteros” o “mochileros”.
Otra de las razones que a nuestro juicio han propiciado el auge de la piratería ha sido la inicial permisividad de las autoridades en relación con este fenómeno. Ciertamente, ha existido una evidente falta de contundencia a la hora de perseguir policial y judicialmente una conducta, la fabricación y distribución ilegal de música y cine, que es, lisa y llanamente, un delito tipificado en el Código Penal (art. 270). Sólo recientemente las autoridades españolas han tomado cartas en el asunto, llegando a constituir en 2003 una Subcomisión Parlamentaria cuya finalidad ha sido la de analizar las medidas que deberían adoptarse para combatir la piratería de todo signo.
Uno de los motivos que en mayor medida han contribuido a este auge es el desembarco de redes criminales organizadas en la actividad de fabricación y distribución de copias ilegales de música y cine. Estas son posteriormente ofrecidas al público a través de personal conectado directa o indirectamente con estas organizaciones mafiosas. Aquí radica, a nuestro juicio, la diferencia fundamental con otros países de nuestro entorno europeo: en España las redes de la piratería han propiciado la existencia de un abundante mercado ilegal en el que la demanda, de forma sencilla, puede abastecerse.
Finalmente, no debemos soslayar la existencia de una triste complicidad con el fenómeno por parte de algunos sectores sociales, que han llegado a presentar este fraude como una forma “alternativa” de consumir cultura, sentando, además, unas peligrosas bases para los usuarios de música y cine en Internet. Como vemos, estamos ante un problema global cuya respuesta debería ser más contundente y rigurosa. La piratería no sólo es jurídicamente censurable, sino que además, con su extensión, se está poniendo en serio riesgo a un sector muy importante social y económicamente para nuestros intereses: la industria de la cultura.

2º ¿A quien lesiona la piratería de productos culturales?
La piratería afecta gravemente a todos los sectores de la industria cultural del ocio y del entretenimiento y, muy especialmente, a la música y, en los últimos tiempos, también al cine. Esta práctica delictiva vulnera de forma grave y directa los derechos económicos de los agentes intervinientes en este mercado: autores creadores de las obras, artistas que las interpretan, estudios de grabación, compañías propietarias de las grabaciones, fabricantes, distribuidores, establecimientos de venta directa al público, entre otros. Además, este fenómeno lesiona los intereses de la Hacienda Pública, ya que le supone una disminución de su recaudación impositiva a causa del fraude fiscal en los distintos impuestos (IVA, Sociedades, IRPF, etc.).
Según se pone de manifiesto en un informe elaborado en 2003 por profesores del Instituto de Empresa a instancias de la SGAE, el fuerte descenso económico experimentado por el sector en los últimos años es atribuible fundamentalmente al fenómeno de la piratería. Este estudio refleja que no se ha producido una caída de la tasa de ventas en el sector de una importancia similar desde 1983, pero a diferencia de lo ocurrido ese año, los datos de la coyuntura económica de 2002 no reflejan la existencia de una recesión seria, ya que el consumo privado de los hogares registró un incremento del 1,9%. Asimismo, en este periodo la asistencia a conciertos y la difusión de revistas musicales ha aumentado y tampoco se ha registrado una bajada en el porcentaje de personas que compraron discos, legales o piratas.
De todos estos datos se deduce que es la venta de productos ilegales la principal causa de las pérdidas económicas del sector. Mientras que en el año 2001 se vendieron más de 80 millones de discos compactos, singles y elepés, en 2004 las adquisiciones descendieron a 50 millones de unidades.
Este estudio del Instituto de Empresa se detiene también en los efectos económicos de la piratería a largo plazo. Al igual que cualquier otra industria, la del entretenimiento se rige por las mismas leyes del mercado. Si las inversiones no producen los beneficios esperados, dejarán de realizarse. Además, hay que destacar que los márgenes con los que trabaja el sector discográfico son bastante pequeños. Sólo un 20% de los compactos editados venden el suficiente número de unidades como para no tener pérdidas y recuperar los gastos de promoción, mercadotecnia, grabación, etc. Si las ventas descienden debido a la piratería, es obvio pensar que cada vez serán menos los productores que invertirán en nuevos títulos. La diversidad de productos culturales disponibles para el consumidor será, pues, uno de los precios más altos que tendrá que pagar la sociedad de proseguir el incremento de las ventas ilegales.
Pero las inversiones necesarias para producir una obra cultural no son sólo financieras. Estas creaciones requieren unos grandes esfuerzos en capital humano, en tiempo y energía, que sólo seguirán acometiéndose si los autores tienen expectativas de recibir una compensación mínima. Si la piratería elimina esta confianza cada vez serán menos las personas que elijan la producción creativa como profesión. Las estimaciones sobre las consecuencias a largo plazo de la piratería calculan que la variedad de nuevos discos de producción española disponible para el consumidor descendió entre un 10 % y un 27 % en el año 2004.
Asimismo, la bajada de ventas ocasionada por la piratería repercute, según los cálculos del estudio, en un descenso en la recaudación total de la Sociedad General de Autores y Editores de entre 2,5% a 10,7%, lo que implicaría una caída en el número de nuevos socios registrados de entre el 5,5% y el 21,5%. Estos datos son muy representativos de las consecuencias negativas que la piratería tiene en las personas a la hora de decidirse a desarrollar una profesión creativa, así como de los daños que pueden producirse en el futuro patrimonio cultural español.
Por lo que respecta al sector audiovisual, un segundo informe del Instituto de Empresa elaborado este mismo año indica que la pérdida total de ingresos en España como consecuencia de la piratería de películas en Internet alcance los 37 millones de euros en 2005 y los 155 millones en 2010 (es decir, el 17’7 % del total de mercado del DVD).
Como vemos, el perjuicio que causa la venta ilegal de copias de música y cine al sector es devastador en todos los sentidos, tanto a nivel empresarial como laboral y creativo. En primer lugar, daña el comercio y la libre competencia entre empresas, como lo demuestra que numerosas pequeñas y medianas compañías se vean cada año abocadas al cierre, al no poder competir con las redes que controlan la distribución ilegal de CD’s y DVD’s. Éstas últimas no pagan impuestos, no tienen costes de grabación, no ingresan licencias, no invierten en publicidad, no abonan salarios. Por más que se modificase el precio de los discos, las mafias siempre podrán venderlos más baratos.
La piratería perjudica también a las compañías propietarias de las grabaciones, a las que inevitablemente genera un sentimiento de incertidumbre y un freno a sus decisiones de inversión. Esto provoca, entre otras consecuencias, una importante pérdida de puestos de trabajo. Los mismos efectos los sufren también los estudios de grabación, los distribuidores y las pequeñas tiendas que venden al público, ya que, en ocasiones, se ven obligados al cierre de sus establecimientos, con el correspondiente despido de operarios. Las empresas discográficas se ven obligadas a reducir la inversión en sus negocios, lo que se traduce en la disminución del volumen de los mismos y en la falta de crecimiento de empleo en el sector. Es algo que afecta a grandes empresas, pero también a los sellos pequeños y a los “independientes”. A su vez, y como consecuencia de todo esto, la creación y la inversión en nuevos talentos se ralentiza o incluso en muchos casos se suprime, lo que a medio plazo puede llevar a que en España la creación musical en sus niveles conocidos desaparezca y se produzca un empobrecimiento cultural.
En cuanto a los autores, artistas y demás miembros de la comunidad creativa, la piratería les produce un serio menoscabo de sus derechos económicos y morales. Estos derechos son su fuente principal de ingresos y, en muchas ocasiones, su única vía para el sustento.
Por lo que respecta a los daños causados a los consumidores, hay que señalar que la calidad de la copia ilegal es normalmente deficiente y algunas veces ínfima, sin que el comprador disponga de garantía alguna, ni de medios de reclamación posterior a la compra.

3º La piratería lesiona también los intereses generales de un país:
Pero la piratería no sólo tiene efectos negativos sobre personas o colectivos concretos. Esta práctica delictiva origina un importantísimo daño a nuestra sociedad, no sólo desde el punto de vista económico (pérdida de empleos, cierre de empresas, fraude fiscal…), sino también en la medida en que genera un florecimiento de actividades sumergidas y de otras modalidades delictivas, favoreciendo así el establecimiento en nuestro país de peligrosas redes mafiosas. Según la Agencia Tributaria, un kilo de discos piratas es cinco veces más rentable que un kilo de hachís, lo que ha provocado que las tramas del crimen organizado se dediquen también a este lucrativo negocio.
En definitiva, como puede fácilmente apreciarse, estas formas de delincuencia perjudican muy seriamente no sólo a personas particulares (físicas o jurídicas), sino que dañan también a la cultura, al mercado laboral y al desarrollo económico de nuestra sociedad, al tiempo que contribuyen al fortalecimiento de las redes del crimen organizado, lo que repercute negativamente en la seguridad de nuestras ciudades.

4º Detrás de la piratería están las redes organizadas del crimen:
Según un reciente informe de la Interpol (Grupo de Acción para los delitos contra la Propiedad Intelectual), existe un claro vínculo entre la piratería de productos culturales y la delincuencia organizada, que utiliza la fabricación y distribución de CD’s y de DVD’s piratas para financiar otras actividades delictivas: principalmente, narcotráfico, tráfico de inmigrantes y terrorismo. Esto viene provocado por distintos motivos: el bajo reproche judicial del delito de piratería; la escasa, en ocasiones, persecución policial; el consentimiento de la sociedad y, sobre todo, la altísima rentabilidad del “negocio” (bajas inversiones y altos beneficios). La piratería y la falsificación es, según la Interpol, uno de los negocios más lucrativos del mundo. Las copias ilegales de música, cine, ropa, relojes, etc. mueven en el mundo 600.000 millones de dólares y suponen un 7% del comercio mundial (véase El País, de 30 de mayo y de 4 de julio de 2004).
El beneficio neto de cada pequeña red dedicada en España a la producción y comercio ilegal de discos piratas es de al menos 80.600 euros. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio elaborado por la empresa Mega Investment, Ltd. por encargo de la Oficina de Defensa la Propiedad Intelectual de la SGAE. Los datos manejados en este estudio se basan en el promedio obtenido en un año en las intervenciones policiales practicadas para combatir este fenómeno, así como en informaciones facilitadas por peritos judiciales, economistas y otros profesionales. Este estudio considera que una red tipo de piratería musical y audiovisual está compuesta por ocho operarios, que trabajan entre 12 y 14 horas diarias y cobran mensualmente alrededor de 480 euros. Cada una de estas redes puede producir y poner en la calle cada mes entre 125.000 y 150.000 discos, dependiendo de si trabajan 25 ó 30 días. Teniendo en cuenta que el precio al que los falsificadores venden cada CD a los encargados de comercializar el producto es de 1 euro, y descontando todos los gastos que supone la producción pirata (local, amortización de la maquinaria, CD’s vírgenes, carcasas y asignaciones del personal), se ha calculado que la ganancia por cada unidad ilegal es de 0,62 euros.
En nuestro país, las redes clandestinas están dirigidas por ciudadanos de distintas nacionalidades y operan también de forma diferente. Las mafias de Pakistán, Bangladesh o India se encargan sólo de la producción y dejan la comercialización a ciudadanos de origen subsahariano. Las redes dirigidas por ciudadanos chinos o marroquíes obtienen mayor rentabilidad, al ser ellos mismos los que distribuyen el producto de la grabación ilegal.
Este estudio ha permitido también conocer mejor la estructura de producción y las condiciones de trabajo en las que se producen los CD’s y DVD’s ilegales que se venden en nuestras calles. Por regla general, cada red cuenta con tres pisos o locales, que se utilizan, respectivamente, para el copiado ilegal; el ensamblado del CD, fotocopia y carcasa, y el almacenamiento y distribución de las grabaciones. En cada uno de ellos trabajan al menos dos personas, aunque en el “centro de grabación” suelen ocuparse tres operarios. Las tres personas que se dedican al tostado (término empleado coloquialmente para referirse a la reproducción de los cds piratas), dedican entre 12 y 16 horas diarias. Cada uno se ocupa de una torre de grabación con siete grabadoras, que arrojan sus correspondientes copias cada 3 ó 5 minutos. Debe tenerse en cuenta, como es lógico, que a medida que evoluciona la tecnología, la capacidad y rapidez de copiado de los aparatos es mayor.
En el caso de la distribución, los inmigrantes ligados a redes chinas o marroquíes trabajan con unos objetivos mensuales de venta, que normalmente sirven para pagar el dinero que deben a las redes por su traslado. En otras ocasiones realizan trabajos legales o ilegales para la red (venta ambulante, atención de locutorios, o “trapicheo” con drogas, pequeños robos, extorsión e intimidación…).
Los principales beneficiarios de la piratería no son los intermediarios, es decir, los vendedores (denominados coloquialmente “manteros” o “mochileros”), sino estas grandes redes organizadas que producen y distribuyen las copias ilegales. Como demuestran las grandes operaciones contra la piratería desarrolladas en los últimos tiempos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, este negocio fraudulento se encuentra hoy, en gran medida, controlado y dirigido por mafias procedentes de otros países. Estas redes criminales, cada vez mejor organizadas y con más y mejores recursos (almacenes, vehículos de transporte, ordenadores, duplicadoras), explotan a los inmigrantes que llegan a España de forma irregular y se aprovechan, para su propio lucro, de la situación precaria en la que muchos de ellos se hallan.
La capacidad de producción de muchas de estas mafias supera incluso en ocasiones la de la industria legal, tal y como ha podido comprobarse en algunas de las más recientes actuaciones policiales desarrolladas en España. Así, en la llamada “operación Town”, llevada a cabo por la Policía Nacional el 17 de enero de 2003, se desarticuló una red china (40 detenidos y 346 aparatos de duplicación de CD’s incautados) que podía poner en el mercado alrededor de 60 millones de copias de cine y música al año. Esta gran capacidad de fabricación, así como los recursos logísticos, tecnológicos y de almacenaje con los que cuentan, permite que se sigan viendo en las calles de las ciudades españolas CD’s y DVD’s ilegales. Y demuestra que el problema sólo puede atajarse desmantelando los grandes centros de producción controlados por las citadas mafias.
3. PIRATERÍA DIGITAL
1º Los derechos de propiedad intelectual son de total aplicación en el seno de Internet:
Lo que alguien ha creado como fruto de su esfuerzo personal tiene un valor y, por tanto, no puede ser libre y gratuitamente utilizado por cualquiera. Esta norma jurídica, vigente desde hace siglos en todo el mundo civilizado es de total aplicación también en Internet. Desde la SGAE venimos reclamando desde hace tiempo un desarrollo de la sociedad de la información que también sea respetuoso con los derechos de autor. Todo progreso de la técnica puede implicar muchas cosas, pero jamás la desaparición de derechos constitucionalmente consagrados. Somos muy conscientes de que los avances extraordinarios de las nuevas tecnologías, con Internet como paradigma, afectan decisivamente a quienes se dedican a la creación intelectual. La Red proporciona enormes oportunidades para la distribución de obras culturales, sin limitaciones de tiempo ni de espacio, y todos queremos aprovecharlas en beneficio de los autores y del público que disfruta de sus obras.

2º Internet no es un espacio sin leyes:
Durante algún tiempo, algunos han creído que la red de redes era un terreno sin regulación, ajeno a los Estados y al Derecho. Sin embargo, esta idea descabellada fue pronto abandonada: en todo Estado social y democrático de Derecho la ley tiene el cometido de regular las relaciones entre los individuos, de reconocerles derechos y obligaciones y de dirimir las controversias y conflictos que entre ellos se susciten. La idea es muy clara: no puede haber una sociedad avanzada sin leyes que la ordenen. Y siendo esto cierto, Internet, que constituye un espacio de nuestra realidad social, no debe ser ajeno a las normas, derechos y obligaciones legalmente establecidos.

3º Las Fuerzas de Seguridad del Estado están muy preocupadas por el incremento de las actividades ilegales que se desarrollan utilizando Internet de una u otra forma:
Entre las más comunes destacan la pornografía infantil, actividades terroristas (fabricación de explosivos, comunicación entre comandos…), las estafas con tarjetas de crédito, hacking, xenofobia y tráfico de estupefacientes. Otro delito muy común es la piratería digital de música y cine, cometida a través de páginas web, FTP’s o P2P’s.
La preocupación es de tal magnitud que los Cuerpos Policiales han creado unidades especiales de investigación de delitos tecnológicos.

4º La “piratería digital” está generando cada vez daños más importantes al sector cultural:
El imparable crecimiento de la llamada “piratería digital” está acarreando muy serios peligros para los derechos de autor y, por extensión, para el desarrollo de todo nuestro tejido cultural. Según un reciente informe del Centro para la Investigación del Mercado Cultural (CIMEC), en España se descargaron de forma ilegal unos 270 millones de canciones durante el año pasado, además de unos 30 millones de películas. Estas descargas fraudulentas se producen en su inmensa mayoría a través del P2P (peer to peer), redes de intercambio de archivos “persona a persona” entre las que se encuentran Kazaa, Emule o Grokster, entre otras. Estos sistemas permiten a los internautas la descarga masiva y gratuita de archivos protegidos por propiedad intelectual (música y cine de actualidad, sobre todo), al tiempo que el ordenador de cada usuario se convierte en un servidor al que tienen acceso todas las personas conectadas a los mismos. En definitiva, un gigantesco intercambio o trueque global en el que no se respetan los legítimos derechos de quienes crearon y produjeron las obras musicales o audiovisuales.
5º Determinados usos del P2P son ilegales:
Los intercambios realizados a través de plataformas P2P en ningún caso pueden considerarse como “privados”. Desde el punto de vista jurídico-penal, el usuario está poniendo a disposición de una pluralidad indeterminada de individuos anónimos obras protegidas por propiedad intelectual para que cualquiera pueda “descargárselas” gratis en su ordenador. A cambio, este usuario tiene la ventaja el beneficio- de acceder a otros muchos directorios en los que igualmente se contienen obras musicales y audiovisuales no licenciadas por sus derechohabientes. Se trata, por tanto, de una distribución ilegal que encaja en el tipo del artículo 270 del Código Penal, que castiga como delito a quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos.
En los sistemas P2P, el usuario facilita al resto de internautas el acceso a una parte de su disco duro, precisamente aquélla que contiene obras protegidas. Como es sabido, la puesta a disposición sin autorización de estas obras encaja en la conducta de “comunicación pública”, que el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual define como “todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”. El perjuicio del tercero es evidente, por cuanto el participante en la red P2P actúa guiado por la intención de vulnerar los derechos de propiedad intelectual. Y el “ánimo de lucro” ha sido a menudo interpretado por la jurisprudencia como la búsqueda de cualquier “ventaja” o “utilidad”: en este caso, acceder a una gigantesca base de datos y descargarse ficheros con prioridad frente a otros usuarios. No olvidemos que, cuantas más obras ponga el individuo a disposición de terceros, más facilidad tendrá para realizar sus descargas en virtud del sistema de incentivos (participation level) que aplican estas plataformas.
6º Debe impulsarse desde la Administración Pública la firma de un gran acuerdo de autorregulación en Internet, al estilo del firmado en Francia en julio de 2004:
Ante la envergadura de los perjuicios, es muy necesario que todos, y en especial los más jóvenes (pero también los padres), seamos conscientes de la trascendencia jurídico-penal de los intercambios de obras protegidas a través de sistemas P2P, así como de cualquier otra modalidad de distribución no autorizada de música o cine. Pero, sobre todo, debemos ser sensibles respecto a la importancia que juegan los contenidos en el desarrollo de la sociedad de la información. “El contenido es el Rey”, proclaman los gurús de las nuevas tecnologías. Y tienen razón: las redes digitales no son nada sin mensajes que circulen por ellas. Por eso, ahora más que nunca, debemos proteger con eficacia los derechos de autor de cuantos peligros les acechan. Es necesario que se apliquen las leyes, pero también que los poderes públicos fomenten en las escuelas un uso de Internet respetuoso con la propiedad intelectual. La implantación de estas redes digitales debe venir acompañada de una cultura que ponga en valor los contenidos que por ellas circulan. No cometamos el error de pensar que la música y el cine son gratis en Internet. Ni siquiera cuando se disfrutan a través del P2P. Siempre hay alguien que paga, directa o indirectamente. Y siempre hay alguien que se beneficia. La música y el cine en la red constituyen una “killer application”, esto es, un enganche fundamental para vender otras cosas. Parece claro que muchos están haciendo negocio con las obras de otros. Porque el beneficio existe. Lo que sucede es que el propietario de los contenidos los titulares de los derechos de autor y de propiedad intelectual- no está interviniendo en dicha transacción.
El Gobierno francés ha sido muy consciente de la imperiosa necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual y ha impulsado diversas medidas legislativas que facilitan la persecución de la “piratería digital”. Pero, sobre todo, el Ejecutivo galo, con su Ministro de Finanzas a la cabeza, ha propiciado en julio pasado la firma de un gran acuerdo entre todos los agentes del sector para luchar contra la piratería en Internet, contra el fenómeno del P2P y garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital. Se trata de un pacto impulsado por los Ministerios de Finanzas, de Cultura y de Industria, y firmado, además, por los intermediarios de la sociedad de la información, por las operadoras de telecomunicaciones y por las entidades de gestión de derechos de autor. En virtud de este convenio todos ellos se comprometen a fomentar un uso de Internet deontológico y jurídicamente correcto, a controlar y perseguir el uso ilícito de las redes P2P y a promover la oferta legal de música on line.
La firma de un acuerdo análogo al francés debe contribuir a reequilibrar la situación en beneficio de todos y a mitigar unos daños a los derechos de autor que resultan ya insoportables. El Gobierno galo lo ha tenido claro: deben protegerse los contenidos porque sin ellos no hay negocio. Es más, sin protección adecuada de los contenidos el desarrollo de la sociedad de la información resultará sencillamente imposible.

7º Existen ya en Internet muchos lugares que ofrecen música legalmente: Terra, iTunes, Aralia, Wanadoo, Ya.com, Los 40, MTV, MSN…

http://www.acam.es/noticias_detalle.php?id=658

Fuente: hispamp3.com

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